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8. mar., 2017

LA FORMACIÓN PROFESIONAL

2. ALGO DE HISTORIA

El compromiso al que aludíamos en la entrada anterior nos llevaría a tratar el periodo comprendido entre 1986 y 2016. Esto es, entre la entrada de España en el denominado entonces Mercado Común Europeo y el día de hoy. Pero, como es sabido, la historia no deviene a golpes acotados con claridad, por lo que nos remontaremos un poco más. De este modo creemos que, por lo que respecta a la evolución de la formación profesional para el empleo, este relato tiene sus antecedentes en el Libro Blanco de 1969 y en la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa.

Por lo que respecta a nuestro tema esa Ley rompe con el modelo de las Escuelas de Artes y Oficios y los Programas de Promoción Profesional Obrera (PPO) para dar un primer paso en la consideración de la Formación Profesional como un proceso con entidad propio.

En 1986 España entra en la Unión Europea y se pone en marcha el denominado PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL, conocido como Plan FIP, que se incrementa después (1988) con los siguientes programas:

  1. Programas de Formación Profesional para jóvenes y parados de larga duración.
  2. Programas de Inserción Profesional a través de contratos en Prácticas.
  3. Programas de recuperación de la escolaridad, de Enseñanza en Alternancia y de formación de los jóvenes que cumplen el servicio militar.
  4. Programa de Formación Profesional Ocupacional en el ámbito rural y en los sectores y empresas en reestructuración
  5. Programa de Formación Profesional Ocupacional de mujeres en aquellas actividades en que se encuentren sub-representadas.
  6. Programa de Formación Profesional Ocupacional para personas ocupadas, profesionales autónomos, minusválidos, emigrantes y otros colectivos. 

En este mismo año se crea el Consejo General de la Formación Profesional (CGFP), como órgano consultivo de participación institucional en los planes de Formación Profesional

En 1990 se promulga la LEY DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (conocida como LOGSE) y, de acuerdo con la dinámica que provoca y la situación social imperante, en 1992 se firma el I ACUERDO DE FORMACIÓN CONTINUA que, a su vez, dará lugar a la creación de la Fundación para la Formación Continua –FORCEM- (1993), como órgano coordinador de ese primer Acuerdo y los siguientes: II de 1996 y III de 2001.

En 1993 aparece el real Decreto por el que se regula el Plan Nacional de Formación Profesional e Inserción profesional, que tendrá continuidad en la Orden de 1994 por la que se dictan normas para su desarrollo, en el Real Decreto de 1995 por el que se establecen directrices sobre las certificaciones de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de Formación Profesional Ocupacional y en el REAL DECRETO 375/1999 por el que se crea el Instituto Nacional de las Cualificaciones

En 2002 se establece el SISTEMA NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL (Ley Orgánica 5/2002) de gran importancia en todo el entramado del ámbito formativo del que hablamos.

Por no entrar en pormenorizaciones anotaremos por último la LOE (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN) de 2006, que culmina un proceso presente en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes –LOPEGCE- y en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. (y lo dejamos ahí)

Este periodo representa la conquista de algunas cuestiones dignas de ser mencionadas: La necesidad de acceder a la FP inicial desde un mayor nivel educativo; la incorporación de las prácticas en las empresas; el aumento de la demanda de los ciclos superiores de formación profesional; el aumento de la demanda de las mujeres en este ámbito y la aparición y consolidación de la formación profesional para el empleo (de la mano de los Fondos Sociales Europeos), por poner algunos ejemplos.

En cambio, las diferentes disposiciones no han acabado con algunos de los rasgos negativos que siguen marcando nuestro sistema y nuestra sociedad: la tasa de abandono de sistema escolar, el mantenimiento del las características de nuestro mercado de trabajo y de las cualificaciones aportadas por los demandantes de empleo, el subempleo (lo que, aunque parezca una contradicción con lo anterior, empobrece la visión sobre la cualificación profesional).

De hecho, ambas descripciones nos llevan al mismo trasfondo: la falta de integración y articulación entre los subsistemas de formación inicial y para la ocupación, que se pone de manifiesto incluso en la dependencia de diferentes instituciones.

Esto es especialmente grave o se hace aún más complicado en un momento como el actual, de crisis en los mercados y de crisis de adecuación ante la emergente “sociedad de conocimiento”. Hoy es urgente que el sistema de formación profesional aborde aspectos como la implantación de una formación basada en competencias y la generalización de un modelo de formación continua. Entre los desafíos que plantea este tipo de formación en los próximos años se encuentra cómo acreditar las competencias de aquellos trabajadores que no disponen de una titulación académica, pero que sí cuentan con un gran bagaje de experiencia profesional.